Estatuto: así, no

Lo enlazo del blog de Chesús Bernal Bernal, y como él ya lo dice todo, pues por mi parte nada más que me cabe suscribirlo. De todos modos hoy me hago eco de la opinión de todos aquellos, que nos seguimos preguntando, por qué además de un Estatuto de segunda, han abogado también por amordazar nuestra opinión, por negarnos el derecho al voto. Me rio yo de los de la "participación ciudadana", de los "nacionalistas de centro" y de toda la cuadrilla esta que una vez más nos relega al furgón de cola del desarrollo. Pero insisto, nos dais muchos motivos para seguir en la brecha, para bregar muchos años más por reconocer y lograr lo que es de justicia para esta país.

 

A PSOE, PP, IU y PAR les da miedo nuestro pasado. En el preámbulo de la reforma del Estatuto propuesta por las Cortes aragonesas se hacía un breve recorrido por los doce siglos de historia de Aragón, desde su nacimiento como Condado en el siglo IX y su constitución en Reino en 1035. Mediante sus enmiendas en el Congreso, estos cuatro partidos han borrado del preámbulo todos los hitos que jalonan nuestra historia. Han suprimido toda referencia a nuestras instituciones históricas (Cortes y Diputación), al juramento de nuestros Reyes y a la Corona de la que este país fue cabeza (y luego se quejan de que no tengamos participación preeminente en el patronato de su archivo). Han quitado la referencia a la decapitación del Justicia Juan de Lanuza en 1591 por defender el ordenamiento foral y las libertades aragonesas. Han eliminado toda alusión a los Decretos de Nueva Planta de 1707, en virtud de los cuales Aragón fue incorporado a Castilla por derecho de conquista. Omiten que, en 1936, fue aprobado en Caspe un proyecto de Estatuto que no llegó a ver la luz a causa del levantamiento militar. Borran de nuestra historia más reciente la manifestación autonomista del 23 de abril de 1978 y toda referencia a la imposición a Aragón del acceso a la autonomía por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, en la que José Ángel Biel tuvo una intervención decisiva y que ha supuesto un lastre para nuestro desarrollo. En definitiva, los cuatro partidos que votarán a favor de la reforma pretenden hacer creer que Aragón nació en 1982.

Pero lo más preocupante no es que estos cuatro partidos pretendan enterrar en cal viva nuestra historia. Lo más grave es que niegan a Aragón un futuro en pie de igualdad con el resto de territorios. En los próximos años, comprobaremos impotentes que el 55%  de la inversión estatal en infraestructuras se lo repartirán las cinco comunidades en cuyos estatutos el Estado se obliga a destinar un porcentaje determinado en aplicación del criterio más favorable en cada caso. PSOE, PP, IU y PAR se han negado a que nuestro Estatuto garantice un solo euro a Aragón, de modo que quedaremos a expensas del gobierno central de turno. Éste fue, precisamente, uno de los motivos que impidió a CHA apoyar el texto de la reforma.

Otro de los motivos fue que la reforma no dotaba a los poderes públicos aragoneses de instrumentos para oponerse de forma eficaz al trasvase del Ebro. Como ha reiterado CHA, el trasvase no se evitará con la reserva aragonesa de 6550 hectómetros cúbicos, puesto que tal reserva figuraba ya en el Plan Hidrológico Nacional del PP que amparaba el trasvase. Y lo más curioso es que los que intentan justificar lo contrario han aceptado en sus enmiendas que tal reserva no sea establecida en una norma con rango de ley orgánica como el Estatuto, sino que será el Estado, mediante la planificación hidrológica, el que deberá cumplir los derechos hidráulicos de los aragoneses, quedando toda alusión a la reserva como una simple referencia al Pacto del Agua.

La reforma aprobada por las Cortes de Aragón dejaba fuera hasta doce competencias que otros tienen y que PSOE, PP, IU y PAR se negaron a incluir. Competencias tan de presente como la autorización de trabajo de los extranjeros o tan de futuro como las comunicaciones electrónicas. En las enmiendas pactadas en el Congreso, no sólo no se han molestado en solucionar esta carencia sino que, incluso, han rebajado el futuro techo competencial de nuestra comunidad. Por ejemplo, las competencias sobre medios materiales de la Administración de Justicia o sobre régimen estatutario de los funcionarios no serán exclusivas (como en otras comunidades), sino compartidas con el Estado.

Por todo ello, CHA no apoyará el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón en el Congreso. No nos han dejado otro remedio. El texto que han pactado PSOE, PP, PAR e IU, primero en las Cortes de Aragón y ahora con sus enmiendas en el Congreso, es inaceptable para quienes queremos un Estatuto de primera.

Resulta difícil explicar a la ciudadanía todas las razones por las que hemos llegado a esta conclusión, máxime cuando mediáticamente está funcionando tan bien la fácil estrategia del cuatro contra uno. Pero al argumento de que la mayoría no puede estar equivocada nosotros respondemos como hizo Galileo, pero no por lo bajo, sino alto y claro: “Y, sin embargo, se mueve”.