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Dejo un artículo que se ha publicado en el Diario de Teruel y en La Comarca. 

  El impúdico desmantelamiento del Estado del Bienestar está teniendo consecuencias desastrosas e irreversibles en todos los ámbitos públicos de nuestra sociedad, y resulta especialmente doloroso el ensañamiento sobre la vida y servicios de nuestros pueblos. Sin que exista el menor recato a la hora de impulsar medidas de “ahorro”, y bajo la más que reprochable pretensión de controlar el déficit por la senda de la austeridad, se están cebando sin ningún pudor con el medio rural.

     Lo que viene aconteciendo a lo largo del último año en los pueblos aragoneses, está teniendo consecuencias inmediatas, que junto a los prolongados efectos de la crisis suponen que tras casi una década de tregua, nuestros pueblos pierden población por tercer año consecutivo, sin que la tendencia parezca que se vaya a invertir.

    Las mismas instituciones que han financiado multitud de jornadas, congresos y estudios a cerca de la despoblación; esas que han impulsado políticas correctoras; a cuyos responsables se les ha llenado la boca y el ego hablando de compromiso y de soluciones, son ahora las que sancionan sin ningún rubor estas agresiones a la vida en nuestros pueblos.

    No se puede mercantilizar la vida; no se puede cuantificar el coste de un servicio público desde prismas economicistas; detrás hay mucho más; la vida en los pueblos supone la vertebración de un territorio, la preservación de un legado, de un patrimonio que es a su vez el vértice sobre el que puede pivotar la recuperación económica. Una línea de tren, de autobús, un cartero, un consultorio médico, los colegios; en definitiva los municipios y la prestación de servicios de proximidad. Ninguna de estos elementos debería cuantificarse en términos económicos; hablemos de eficiencia, hablemos de vertebración, de oportunidades, pero no pongamos precio a un servicio básico, a la vida en el medio rural.

     De qué nos sirven nuestros pueblos sin jóvenes, sin trabajo. ¿Qué sentido tiene que la misma administración que hasta hace un par de años invertía en la construcción de Escuelas Infantiles, de Colegios, de Conservatorios, etc. los deje ahora morir por inanición? ¿Cómo es posible que se abandone a la ciudadanía, a los ayuntamientos a su suerte? ¿Cómo se puede hablar de normalidad, de recuperación, si están desmantelando aquello que tanto nos ha costado construir? Habíamos logrado volver a dignificar la vida en los pueblos, habíamos conseguido la prestación de servicios que favorecían la generación de empleo, la igualdad de oportunidades, la escolarización en mejores condiciones, y ahora todo corre el riesgo de venirse abajo.

    Para quienes desde sus despachos capitalinos urden y ejecutan estas políticas destructivas, los pueblos parecen no ser más que objetos de interés electoral, lugares de visita institucional, y el “idílico” parnaso al que regresar en vacaciones o el fin de semana para reencontrarse y regodearse en una realidad ficticia. Vivir en un pueblo, no es lo mismo que descansar en él.

   Hay pocos modelos de gestión más eficientes que los de los municipios pequeños, dónde se optimizan al máximo todos los recursos. Pero no se puede pretender que pasemos a vivir como a finales del XIX, abandonados a nuestra suerte por la administración, y volviendo a los modelos comunales. El Estado tiene un papel, las autonomías otro. Votamos, tributamos, pero ahora nos dicen que somos despilfarradores, ineficientes y que nuestros servicios resultan demasiado costosos. Dicen que no hay dinero para nuestras escuelas, que nuestros ayuntamientos y concejales (más del 90% no recibe un solo euro) son muy caros para el Estado. Se quiere poner en cuestión el modelo democrático al reducir el número de concejales; ponen precio a la educación, a modelos como los CRIE, que ya no son servicios universales, ahora se pagan, y no todos pueden hacerlo. Y ya ni siquiera podremos decir que no hemos podido subirnos al último tren, porque también nos lo quitan.

    Si nos dejan sin esos servicios que permiten conciliar la vida en el medio rural con trabajos y salarios dignos; si los medios y los grandes partidos siguen poniendo a los Ayuntamientos en el ojo del huracán del despilfarro, sin haber resuelto el problema de su financiación; si nos siguen asfixiando con los recortes, pronto no tendrá sentido vivir en los pueblos, porque no tendremos ni de qué hacerlo, ni dispondremos de servicios. Una familia que emigra puede suponer un aula menos, o no alcanzar la ratio y cerrar un colegio para no abrirlo más. Una medida de ahorro a los ojos de la administración que, ufana presumirá de un salario menos, y una sentencia a los ojos de los habitantes del pueblo. Esa es la cruda realidad, la del imperio de las cifras, la que olvida que detrás de los números están las personas, que cada recorte es una sentencia, que cada puerta que se cierra es difícil que se vuelva a abrir.

    Nos lo están poniendo demasiado difícil pero nos queda el amor a la tierra, a nuestros pueblos y nos queda la dignidad. La misma con la que hemos peleado y pelearemos por la Escuela y la Sanidad Pública, por el carbón, por el ferrocarril, por las inversiones, por el campo y el medio ambiente, por nuestro futuro.  No sólo no nos quitan las ganas de vivir aquí, sino que nos dan muchas más ganas si cabe para seguir peleando por la vida en los pueblos y contra la infamia de los recortes. Volverán los días de los congresos, de las jornadas y políticas grandilocuentes contra la despoblación, y seguiremos aquí, como podamos, para recordarles que son ellos los culpables, que no olvidamos a quienes urdieron y ejecutaron el desmantelamiento de pueblos y servicios y a quienes les respaldaron con su silencio cómplice.

 

 

 

                        Ángel Hernández Sesé

 

                        Historiador y Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Alcorisa