¿Es recordar la ley motivo de amenaza o coacción?
Me hago eco de una nota que han hecho pública desde APUDEPA y ADEEA, y que se comenta por sí sola. Entiendo personalmente, que la postura del Gobierno de Aragón ante esta situación, es cuando menos impropia de una Institución que representa y dice velar por todos los aragoneses.
* Presuntamente las Asociaciones de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Cultural y en Defensa del Emplazamiento y Uso Histórico de la Escuela de Artes hemos recibido con estupor la noticia de la denuncia de la Diputación General a nuestras dos Asociaciones. Somos conscientes, sin embargo del enorme rechazo que causamos entre quienes quieren hacer y deshacer a su antojo como si Aragón fuese un cortijo privado. Sabemos que van a utilizar todos los medios a su disposición, sabemos que molestamos. Pero estamos tranquilos. Porque hemos obrado en razón a nuestra conciencia, porque somos honestos, porque sólo defendemos nuestro querido Patrimonio de Aragón. Jamás hemos amenazado ni coaccionado a nadie. Nos hemos limitado a informar a los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de todo aquello que debe de saberse para tomar una decisión libre e independiente. Sería irresponsable por nuestra parte no participar del debate que tiene lugar en la dicha Comisión. Entre otras cosas porque la Constitución Española ampara el derecho a la participación y a la libertad de expresión. Recordamos al Gobierno de Aragón que APUDEPA es una Asociación de Acción Pública, término jurídico recogido por el artículo 8 de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés y que ambas asociaciones tienen recogido estatutariamente el deber de proteger con todos los medios a su alcance el patrimonio cultural. Por ello es presuntamente incomprensible que se nos acuse de coaccionar o amenazar por el simple ejercicio a la crítica libre y a la información, dado que nos hemos limitado a recordar la Ley. ¿No es más útil que el destino del dinero de los ciudadanos se destine a proteger el patrimonio de Aragón?
* Presuntamente las declaraciones de los servicios jurídicos de la Diputación General, publicadas hoy por Heraldo, en que se califica de “rehabilitación” la intervención proyectada, deja bien a las claras la necesidad de informar a la Comisión de que la única obra permitida en el edificio histórico, dada su catalogación como edificio de Interés Monumental, es la “restauración”, conforme al artículo 3.2.3.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
* Presuntas declaraciones como las publicadas hoy en “Heraldo de Aragón” en que los Servicios Jurídicos del Gobierno califican de adecuada una operación que objetivamente vacía el edificio de la Escuela y rompe sus fachadas (originales de Félix Navarro), nos ratifican en la necesidad de informar a los miembros de la Comisión de la realidad. Y ésta es que existen informes de la Diputación General en que se aclara el buen estado estructural del edificio y públicas manifestaciones de instituciones consultivas del patrimonio cultural (Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Hispania Nostra, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luís…) que se oponen rotundamente a cualquier proyecto de intervención que modifique la arquitectura integral o el uso histórico del edificio de la Escuela.
* Por eso queremos que se oigan en la Comisión otras voces que la propia del Gobierno de Aragón. La Comisión Provincial de Patrimonio está presidida por el Director General Vicente Redón, quien goza del voto de calidad en las deliberaciones de la misma. ¿Puede ser independiente en su juicio quien ha viajado de la mano del promotor del proyecto para gestionar la adecuación del mismo? Es el momento de preguntarse: ¿Por qué se promueve la participación en la Comisión de una sola de las partes (recordemos la reunión conjunta con el equipo de Herzog y de Meuron) y se denuncia la participación de la parte discrepante? ¿Puede ser libre e independiente una Comisión formada en su mayoría por representantes del Gobierno de Aragón? ¿Es legítimo pretender que los miembros de la Comisión de Patrimonio sólo oigan a los miembros del Gobierno y del equipo de arquitectos, como ha ocurrido hasta ahora?
* Es que acaso ¿quiere presuntamente la Diputación General llevar a cabo una política de hechos consumados que nos presente la Escuela como el despojo monumental que hoy es el Teatro Fleta y la Estación de Canfranc.
* Presuntamente parece que quieren acabar con la discrepancia, con la opinión, con la libertad de expresión. Presuntamente parece que quieren acabar con la organización civil de los ciudadanos, con la movilización social, que presuntamente quieren callarnos, amedrentarnos, asustarnos. Lo importante es que seguiremos utilizando todos los medios legales, legítimos y democráticos en defensa del Patrimonio de Aragón, sin amenazar ni coaccionar a nadie. Sólo recordando que la Ley la debemos de cumplir todos.
5 comentarios
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